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Óyela y no _____

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De mi América


de Rubén Blades

PANAMÁ ANUNCIA QUE EEUU QUIERE 4 BASES AERONAVALES.

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -

Panamá anuncia que EEUU quiere 4 bases “aeronavales”

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 04/11/2009.- El gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará a EEUU. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe.
La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora (ésta fue utilizada para concertar la paz en la región en la década de 1980). La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro, área que se promovía para el turismo internacional. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta – y última - en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.
Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU profundizan la militarización de un amplio espacio territorial... desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia. Bogotá publicará la próxima semana los acuerdos firmados con EEUU para poner a su disposición siete bases militares.
El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao. Se lamentó, además, que Yao no hiciera referencia al tráfico de drogas por Panamá. El presidente Martinelli, en defensa de su política, sólo logró articular algo sobre los astronautas. Yao fue invitado como orador para rendirle homenaje a los Soldados de la Independencia por el Municipio de la ciudad de Panamá, cuyo papel en la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 fue crucial.

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington: “No son bases norteamericanas, son colombianas... pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

En su discurso el internacionalista Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”.
Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EEUU podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui.blogspot.com

* Documento Relacionado:
Yao, Julio; Discurso ante el Mausoleo de los Soldados de la Independencia [http://alainet.org/active/34122]

ACUERDO MILITAR ENTRE COLOMBIA Y EEUU: INMUNIDAD A FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES.

Acuerdo militar entre Colombia y EE.UU. da inmunidad a funcionarios estadounidenses

El personal de EE.UU. en Colombia gozará de privilegios, exenciones e inmunidades (Foto: Archivo)
El personal de EE.UU. en Colombia gozará de privilegios, exenciones e inmunidades (Foto: Archivo)
Crímenes y violaciones a los DDHH son algunos de los actos cometidos por militares de EE.UU. en las incursiones en el extranjero. (Foto: archivo)
Crímenes y violaciones a los DDHH son algunos de los actos cometidos por militares de EE.UU. en las incursiones en el extranjero. (Foto: archivo)


"Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática", refiere el pacto militar que Estados Unidos (EE.UU) cerró con Colombia, en el fragmento que da especificaciones en torno al "Estatus del personal".

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TeleSUR _ Hace: 13 horas
El acuerdo militar que Estados Unidos (EE.UU) cerró con Colombia, cuyo texto se hizo público este martes, establece un "estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo", lo que le impide a Bogotá actuar de presentarse cualquier situación fuera del marco legal incursionada por ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo al fragmento del pacto que detalla el "Estatus del personal", el Gobierno colombiano "garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible".

Además, en el Artículo III del citado acuerdo que refiere el "Objetivo de la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad", ambos países se comprometen a "profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente".

Respecto a esas "otras actividades acordadas mutuamente", no se dan mayores especificaciones, sólo que podrán coordinarse entre las partes para "enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia".

El texto aclara que "estas actividades mutuamente acordadas no excederán lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las Partes y respetarán las normas colombianas".

Dentro del preámbulo del acuerdo se justifica su creción para "promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo". Estados Unidos ha instaurado guerras en Irak y Afganistán bajo la excusa de preservar "la seguridad nacional" y desmantelar a "grupos sospechosos de terroristas".

En este sentido, en el Artículo XVII del convenio, referido a las "Licencias de conducción matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales", se le da plena libertad a los funcionarios estadounidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión.

"Las autoridades colombianas aceptarán la validez , sin exámenes ni cobros, de licencias o permisos de conducción de vehículos, buques o aeronaves expedidos por las autoridades competentes de Estados Unidos al personal de Estados Unidos" reza el texto.

El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del Pacto. En este sentido, existirá en territorio colombiano, "personal civil", "personal militar", personal de los Estados Unidos", "contratistas de los Estados Unidos", "empleados de contratista de los Estados Unidos", "observadores aéreos", "partes operativas", "personas a cargo", quienes cumplirán diferentes funciones.

Con respecto a los "observadores aéreos", el acuerdo abre un punto ambiguo en el que establecen la presencia de "terceros" Estados en territorio colombiano, para que participen de las operaciones aéreas como parte del convenio.

"Por 'observadores aéreos' se entiende los representantes de Colombia o de terceros Estados que, previa autorización de Colombia y por invitación de los Estados Unidos, participen emisiones aéreas que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo", refiere el texto.

El acuerdo además hace mención a lugares y bienes que formarán parte del convenio. En este sentido se establecen "instalaciones y ubicaciones convenidas", "bienes", "aeronave de Estado de los Estados Unidos" y "buque de Estado de los Estados Unidos".

El documento reafirma el uso por parte de tropas estadounidenses de siete bases colombianas "el presente Acuerdo y continuará permitiendo el acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga".

Adicionalmente, también se establece que se permita a Estados Unidos la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca sin especificarlos. Colombia debe permitir "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las Partes o sus Partes Operativas".

Se entiende como partes operativas según el tratado al Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Mediante el acuerdo, Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal colombiano, pudiendo utilizar incluso estampillas estadounidenses.

Estados Unidos también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico de Colombia sin costo alguno, luego de que mediante el acuerdo se le permita instalar estaciones para la difusión de radio y televisión.

Además, en el convenio se establece que el mismo tendrá vigencia por un período inicial de 10 años, con posible extensión luego de una previa revisión y acuerdo por las partes involucradas.


Libre albedrío

Entre las libertades que gozarán funcionarios estadounidenses como parte del pacto militar están las siguientes:

1) Las establecidas en el Artículo IV, del "Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas": "Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida".

2) Las establecidas en el Artículo VI, del "Pago de tarifas y otros cargos": "Las aeronaves de Estado de los Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa". "Los buques de Estado de los Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Los Estados Unidos pagarán las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales".

Dentro de ese artículo remarca que "de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de los Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección".

3) Las establecidas en el Artículo X, de la "Importación, exportación adquisición y utilización de bienes y fondos": "Colombia exonerará a Estados Unidos y a los contratistas de EE.UU. de todas la tarifas aranceles impuestos y demás tributos".

Tampoco serán objeto de inspección por parte de las aduanas colombianas aquellos bienes importados o exportados que estén destinados a las actividades que se llevan a cabo en el marco del acuerdo.

"El titulo de propiedad de dichos bienes seguirá perteneciendo a Estados Unidos, sus contratistas y las personas que se encuentren en Colombia para llevar a cabo actividades en el marco del presente acuerdo, según sea el caso, y dichos bienes podrán sacarse de Colombia en cualquier momento".


teleSUR-Eltiempo/ld-MM-MFD
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URIBE EL MENTIROSO LACAYO Y ASESINO

Política |30 Oct 2009 - 7:14 am
EE.UU. y Colombia firman convenio militar

El principal punto del pacto, la utilización de siete bases militares por parte de personal militar y civil estadounidense para la realización de operaciones conjuntas en contra del narcotráfico y el terrorismo.


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Acuerdo militar con Estados Unidos es “desbalanceado” para el país


El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que se firmó este viernes comprende la utilización de siete bases militares por parte de personal militar y civil estadounidense principalmente para la realización de operaciones conjuntas en contra del narcotráfico y el terrorismo.

Las unidades militares contempladas en este convenio son las bases del Ejército de Larandia, (Caquetá); y la de Tolemaida, (Cundinamarca), las bases aéreas de Malambo (Atlántico); Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta), así como en las navales de Cartagena y Málaga en el Pacífico.

Así mismo, en el texto preliminar del acuerdo señala que se autoriza el ingreso de 1.400 estadounidenses, específicamente 800 militares y 600 contratistas civiles (LÉASE MERCENARIOS), que realizarán operaciones desde Colombia sin afectar las relaciones con los países vecinos, pues todas las actividades se llevarán a cabo en territorio nacional.

Colombia ha tenido en cuenta el tema de la inmunidad de los 1.400 ciudadanos norteamericanos que estarían en las bases militares colombianas. El acuerdo establece medidas específicas para que, respetando la inmunidad prevista en este tipo de acuerdos, se haga seguimiento a los procesos eventuales a que haya lugar por violación a la ley colombiana.

En este punto, Colombia planteó que sólo los 800 militares tengan inmunidad diplomática, mientras que los 600 civiles contratistas no contarían con este beneficio.

El Gobierno, ha sido enfático en señalar que "no son tropas de combate" las que operarán en territorio nacional, sino que se trata de técnicos asesores militares, toda vez que el convenio establece que no habrá uso de fuerza por parte del gobierno norteamericano.

"El monopolio de las armas está a cargo del Estado colombiano y no autoriza la fuerza o ataque contra otro país, es lo que dice la Constitución y el acuerdo la respeta", insistió el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio.

Ahora será necesario que el pacto castrense sea revisado y aprobado por el Congreso de Estados Unidos.