La avanzada terrestre, área y naval de EE.UU.
Siete pasos hacia la dominación del continente
Mientras Colombia vive una escalada de violencia, el gobierno de Obama procura ocupar bases estratégicas en el país, controlar el Hemisferio y aumentar su presencia en el conflicto local.
Por Juan Diego Restrepo (*)
27|08|2009
El acuerdo militar es debatido en los países de la región y controvertido por varios de sus gobiernos, quienes cuestionan la injerencia militar y preferirían que el mismo no tuviera lugar. La principal preocupación es que los no menos de 800 soldados y contratistas estadounidenses pertenecen a personal de inteligencia y de operaciones especiales.
Las bases son siete, tres aéreas, dos terrestres y dos navales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ubicadas estratégicamente en el territorio nacional.
El gobierno colombiano de Álvaro Uribe se constituye en el principal aliado de Estados Unidos en Suramérica. Sus políticas favorecen la influencia del Pentágono, mientras el país opera como punta de lanza en la región y sufre una nueva ola de violencia.
Tras la firma, Estados Unidos dispondrá de la base militar de Palanquero, un complejo militar ubicado en el centro del país, que además cuenta con una ciudadela para albergar 2.000 efectivos. Esta sería una de las siete bases más importantes ocupadas por los estadounidenses. Cuenta con una pista de 3.500 metros de longitud, 600 metros más larga que la de Manta, en Ecuador, y que permite el despegue de varios aviones al mismo tiempo; además tiene una “barrera de frenado” para aviones que aterrizan a altas velocidades. Según la revista colombiana Cambio, la ciudadela militar dispone de “casino, restaurantes, supermercado, hospital y teatro”, además de “dos hangares con capacidad para 50 y 60 aviones cada uno”.
Palanquero posee una serie de radares, instalados por una comisión estadounidense. Esa red le ha servido al ejército colombiano para efectuar operaciones contraguerrilla, como el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano. Está en las orillas del río Magdalena y tiene una plataforma en la que aterrizan aviones anfibios. Según Cambio, los “aviones Kfir llegarían en menos de 10 minutos a La Guajira, en el extremo norte del país, o al Ecuador”.
La tesis principal de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia consiste en que el acuerdo es necesario para aumentar la lucha contra el narcotráfico y el llamado terrorismo. Además, argumentan que es coherente con la política de cooperación binacional militar - el Plan Colombia - y que no es una amenaza para el vecindario.
Son varios los motivos por los cuales Colombia es tan importante para Estados Unidos. El narcotráfico deja ganancias astronómicas y quién controle el país se queda con el negocio; eso lo saben los paramilitares, la guerrilla, el gobierno colombiano y el norteamericano. Tiene salida a ambos océanos y al Amazonas, además de tener varias islas en el Caribe. Es vecino de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, y sobretodo, vecino y contradictor de Venezuela y su gobierno.
El acuerdo aún no ha sido firmado y las negociaciones son confidenciales entre Washington y Bogotá. La polémica diplomática sobre el mismo obligó al presidente Álvaro Uribe hacer una gira relámpago por los países de Suramérica, para explicar sus términos, que aún no son claros.
Reunión como la que acaba de sostener UNASUR en Bariloche, son espacios para que el gobierno de Uribe pueda dialogar con sus vecinos incómodos, no sólo Venezuela y Ecuador - con quienes Colombia mantiene relaciones deterioradas -, sino también con Argentina o Brasil, naciones que califican a la influencia militar de Estados Unidos como peligrosa para la región.
Fidel Castro se refirió a esa influencia como “siete puñales en el corazón de América” y expresó que “la amenaza va dirigida a todos los países del Sur”.
El canciller brasileño, Celso Amorin, formuló declaraciones contra las bases, expresando la posición de su gobierno, y el mismo Lula cuestionó el acuerdo. Brasil esperaba que con el fin de la base de Manta se redujera la presencia norteamericana en la región, pero de una pasaron a ocupar siete.
El gobierno argentino de Cristina Fernández se pronunció se alineó con Brasil, criticando las bases del Pentágono, mientras se esforzó por abrir espacios de diálogo con Uribe.
Estados Unidos pretende controlar un número creciente de bases en América Latina y evitar cierta independencia del resto de los gobiernos respecto de Washington.
La base aérea de Malambo está ubicada cerca de Barranquilla, en una posición privilegiada para el Caribe. Tiene presencia de aviones Mirage M5, franceses, y Kafir, israelíes. Sus cazabombarderos desarrollan misiones tácticas en la zona norte. En la base se llevan a cabo operaciones de inteligencia y varios medios, algunos venezolanos, especulan sobre la posible actuación de la mismas en países vecinos.
Sin embargo, Bogotá y Washington niegan que las operaciones sean exteriores a Colombia, y aseguran que los norteamericanos estarían bajo las órdenes de un oficial colombiano. Los términos del acuerdo establecen que los efectivos no excederán los 600 militares y 800 contratistas, y que éstos no participarán directamente en operaciones… es personal de inteligencia.
Los norteamericanos tendrán inmunidad diplomática, por lo cual no podrán ser juzgados ni procesados por la justicia colombiana, ni por excesos, ni por omisiones, ni por torturas, ni por desapariciones; ni por cualquier otro delito que pudieran cometer.
Desde la base militar de Larandia se desarrollan algunas de las tareas más ambiciosas del gobierno Uribe, en el plano militar. Desde allí se desplegó la tarea Omega, que fue una de las más grandes ofensivas contraguerrillas, y se dirigió el Plan Patriota, que pretende acorralar a las FARC. La base está ubicada en el Caquetá y permite el acceso a las selvas del Sur del país, que llegan hasta el Brasil y a los llanos orientales limítrofes con Venezuela.
Es precisamente en estas tierras, casi amazónicas, donde se dan los mayores combates “en contra del narcotráfico” y de las guerrillas. Mientras se dice que no se opera contra los vecinos, se afirma que la lucha es contra el narcotráfico. Pero Estados Unidos y Colombia acusan a muchos vecinos de colaborar con las FARC, quienes, aseguran, están en el negocio millonario de las drogas.
Hace dos meses, los diarios The New York Times y Washington Post señalaron a Venezuela y Ecuador como santuarios de la guerrilla. El Departamento de Estado se ha pronunciado en el mismo sentido, así como el gobierno Uribe, la clase dirigente colombiana y sus medios de comunicación (incansablemente).
Son varios los puntos que fundamentarían los temores de que esa “lucha contra narcotráfico” y la guerrilla se extienda a otros países: las cercanías de Hugo Chávez con los dirigentes del secretariado de las FARC, el bombardeo colombiano a Ecuador, las especulaciones sobre la financiación de las FARC a la campaña del presidente Rafael Correa, las rutas del tráfico por Centroamérica, la supuesta ayuda militar del ejército venezolano a las FARC, con entrega de armas. Todos argumentos que servirían para justificar una operación por fuera del territorio colombiano.
Las siete bases reemplazarían la influencia de la de Manta, en Ecuador, con presencia de aviones Galax 130 y 140 y cargueros C-17, capaces de trasportar en tres días a más de 15.000 hombres, cantidad suficiente para una intervención militar efectiva en cualquier país del mundo.
Se recordará entonces a Irak y Afganistán, casos de la memoria reciente. Pero, en nuestro Hemisferio se registraron: la invasión a Granada, Guantánamo, el bombardeo al presidente panameño Manuel Noriega desde la base norteamericana Howard, cuando se volvió incómodo para Estados Unidos, el armado “la contra” en Nicaragua, los paramilitares colombianos. Es decir, todo un prontuario intervencionista al que hay que sumarle capítulos y capítulos de injerencia golpista: Pinochet les agradeció su ayuda, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el apoyo a las dictaduras, los golpes en Bolivia, en Venezuela, en el Cono Sur.
Ese es el actuar histórico de Estados Unidos: todo está en los archivos. Y para todo tuvo argumento, primero la amenaza roja comunista, después el narcotráfico, ahora los vientos de izquierda en la región.
La base naval del Pacífico colombiano dispone de un astillero y de una fuerza con capacidad de despliegue por Centro y Suramérica. La base naval, comandada por la Armada Nacional colombiana, es fundamental en “la lucha contra el tráfico de drogas”. Por otro lado, tiene una posición estratégica, a medio camino entre América del Sur y América Central, en un océano que Estados Unidos trata de controlar a toda costa.
En el plano domestico han surgido cuestionamientos a la violación de la soberanía colombiana.
Los partidos tradicionales, la Iglesia Católica con su poder del más allá y el más acá, la clase dirigente y todos los medios masivos de comunicación apoyan las bases: es decir, toda la mayoría uribista.
Otros sectores, como el Polo Democrático y organizaciones de derechos humanos, las cuestionan.
Argumentan que el acuerdo profundizará el conflicto armado: los norteamericanos estarán en Colombia para desarrollar y defender sus intereses. Se involucra a un ejército extranjero en el conflicto interno, alejando la paz y el diálogo, y fortalecerá la expansión bélica del país más poderoso del mundo.
El gobierno de Uribe es consecuente en su política alineada con Estados Unidos: habrá que recordar que en los últimos días se reunió con una comisión del gobierno de Roberto Micheleti, el golpista de Honduras.
Por otro lado, el acuerdo favorece a los contratistas americanos, representantes de las multinacionales de la guerra, que dependen del Departamento de Estado y del Pentágono. Los contratos son millonarios y ayudan a desarrollar el complejo industrial estadounidense: mercenarios, fabricación de armas y municiones.
El pueblo colombiano ya es la principal víctima, con cuatro millones de personas desplazadas.
La base de Apiay es la base aérea más importante del Sur del país. El diario O Estado de San Paulo, en declaraciones de Roberto Godoy, señaló que “es incómodo para Brasil, tener estas bases en la boca de la Amazonía”.
El Plan Colombia se viene desarrollando desde hace diez años, desde la época del presidente William Clinton, y consiste en que Washington le gire al gobierno de Colombia miles de millones de dólares, para desarticular a las FARC y “arrinconar el narcotráfico”.
Sin embargo, según Naciones Unidas (ONU), la superficie sembrada con coca ha aumentado, y el Plan no ha podido detener el tráfico: los narcos ahora más que nunca controlan el país; casi un tercio de los congresistas han sido procesados por nexos con el narcotráfico.
Este Plan se desarrolla fundamentalmente en el Sur del país. Ha aumentado la presencia del Ejército colombiano en las extensas y vírgenes regiones del Amazonas, uno de los puntos más ricos de la Tierra, un tesoro suramericano, el pulmón del mundo.
El Plan Colombia cuenta con un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares y compromete cerca de 500.000 hombres. Álvaro Uribe lo proclama como la verdadera salida de la guerra, una salida sin diálogo; vencer. Defiende sus logros: asestarle golpes a la guerrilla y sostener que sólo un hombre con sus políticas, solo él, podrá pacificar el país.
¿Si el Plan Colombia ha sido un éxito por qué entonces es tan indispensable el acuerdo para la instalación de las siete bases?
¿Dónde quedaron el exitoso proceso de desmovilización de los paramilitares, de los carteles del Norte del Valle, de la gente de Don Berna; los golpes contundentes y finales a las FARC; los éxitos de la erradicación aérea; la modernización del Ejército; dónde quedó la operación Jaque?
El argumento que se da en los medios es que Colombia no puede luchar sola contra el narcotráfico y necesita de Estados Unidos.
La Base Naval de Cartagena controla todo el Caribe. Colombia tiene aguas y presencia militar en islotes y cayos, en frente de Costa Rica, de Nicaragua, de Venezuela y de las Antillas. Es el país con la mejor armada del área, en conjunto Estados Unidos y los carteles de la droga.
Tolemaida es una de las bases más importantes del Centro del país. Grande, moderna, en sus celdas estuvieron retenidos los responsables de las 21 torturas del Batallón de Honda. Militares que usaron esta práctica en entrenamientos de reclutas jóvenes, procedentes de las regiones más empobrecidas del país.
Sin embargo, ese escándalo pasó al olvido, empañado por las ejecuciones extrajudiciales que cometió el ejército contra civiles. La política de los Falsos Positivos, en la que el Ejército presenta cuerpos de campesinos muertos vestidos con uniformes de las FARC, y que ha significado destituciones de fichas clave en el Ejército, como cuando se pudieron probar las acciones conjuntas entre militares y narcos en el tráfico.
Este Ejército compartirá siete bases con el Ejército norteamericano. Insisten en que su enemigo es el narcotráfico y la guerrilla. Sin embargo, el tráfico aumenta.
La ciudad de Medellín está entre las diez ciudades más peligrosas del mundo, vive una nueva guerra de bandas desde hace algunos meses. El conflicto armado aumenta en el país.
El gobierno Uribe tiene necesidad de aumentar su poder armado y de sustentar su política exterior. A Washington también le interesa su posición en la guerra, pero sus intereses en política regional son más ambiciosos: intervención en América Latina, su patio trasero.
En la Colombia de hace 100 años, fue famosa y dolorosa, la frase de Theodore Roosevelt, cuando intervino para hacerse con el canal de Panamá: “I took” Panamá. Hoy diría “I took” Colombia.
(*) El autor es periodista colombiano. Cumple una pasantía en APM.
